Control y gestión de amianto tras ITE comunitaria desfavorable
La presencia de amianto en un edificio es una cuestión que preocupa tanto por sus efectos sobre la salud de los vecinos como por las implicaciones legales y económicas. Cuando una Inspección Técnica de Edificios (ITE) comunitaria arroja un resultado desfavorable debido a la existencia de este material, la comunidad de propietarios se enfrenta a una serie de retos urgentes: desde garantizar la seguridad de las personas hasta cumplir con la normativa vigente. En este artículo te explicamos, de forma clara y cercana, qué pasos seguir para controlar y gestionar el amianto tras una ITE desfavorable, los riesgos que conlleva, ejemplos prácticos de actuaciones y las ayudas disponibles para afrontar los costes.
¿Qué es la ITE y por qué puede resultar desfavorable?
La ITE es un examen obligatorio que deben someterse los edificios de viviendas tras cumplir una determinada antigüedad (normalmente 45–50 años, según la comunidad autónoma). Su objetivo principal es evaluar el estado de conservación de la estructura, instalaciones y elementos comunes.
Cuando en el informe aparece “desfavorable” es porque se han detectado patologías que ponen en riesgo la seguridad, la salubridad o la accesibilidad del inmueble. En particular, la presencia de amianto —un material prohibido desde 2002 en España— se considera un defecto grave, ya que su deterioro puede liberar fibras peligrosas al ambiente.
Riesgos y problemas asociados al amianto
Salud pública
El riesgo más inmediato es la inhalación de fibras de amianto, vinculada a enfermedades graves como el mesotelioma, la asbestosis o cáncer de pulmón. Estas patologías pueden tardar décadas en desarrollarse, por lo que la exposición prolongada, incluso en dosis bajas, incrementa la probabilidad de sufrirlas.
Impacto legal y económico
Desde el punto de vista normativo, existe una obligación clara de retirar o encapsular el amianto en mal estado. No hacerlo puede acarrear sanciones administrativas (multas) e incluso responsabilidades civiles o penales si se demuestra negligencia. Económicamente, las obras de retirada no suelen ser baratas, pero posponerlas eleva el riesgo e incrementa los costes futuros —por ejemplo, si la Administración impone un plazo forzoso de actuación.
Pasos clave para el control y gestión de amianto
1. Identificación y caracterización
Lo primero es contratar a un técnico o empresa acreditada para efectuar un muestreo y análisis de laboratorio. Ellos determinarán el tipo de amianto (friable o no friable), su ubicación exacta y estado de conservación. Con estos datos se elabora un informe detallado.
2. Elaboración de un plan de gestión y eliminación
En función del informe, se diseña un plan que puede incluir:
- Retirada completa del material.
- Encapsulado o confinamiento (si el estado lo permite y la normativa lo admite).
- Medidas provisionales de contención, como recubrimientos especiales.
3. Medidas de seguridad y prevención
Durante las obras es imprescindible:
- Señalizar la zona afectada y limitar el acceso.
- Utilizar Equipos de Protección Individual (EPI) específicos: mascarillas con filtro tipo P3, mono desechable, guantes, gafas de seguridad.
- Asegurar la correcta descontaminación de los profesionales y el material de desecho, siguiendo protocolos de residuos peligrosos.
4. Contratación de profesionales autorizados
Solo empresas con autorización para manipular amianto pueden llevar a cabo las tareas de extracción y transporte. Ellas se ocupan de gestionar la entrega del residuo en un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Ejemplos prácticos de actuaciones comunitarias
Ejemplo 1: Edificio en Valencia
Tras una ITE desfavorable por placas de fibrocemento en cubierta, la comunidad encargó un estudio y aprobó en junta un presupuesto de 18.000 €. Se decidió encapsular un tramo de cubierta y sustituir progresivamente el resto. Las obras duraron cuatro semanas y la comunidad se organizó por fincas, fijando turnos de acceso para los técnicos.
Ejemplo 2: Portal de Barcelona
En un inmueble de 1965 apareció amianto en aislamientos de tuberías. La comunidad optó por la retirada total. Gracias a una subvención autonómica cubrieron el 30 % del coste (12.000 € de un total de 40.000 €). El resto se prorrateó en siete cuotas extraordinarias. La rápida reacción redujo el riesgo de multas y evitó futuros gastos de mantenimiento.
Costes y financiación
Ayudas públicas
Varias comunidades autónomas y ayuntamientos ofrecen líneas de subvención para desamiantado, que pueden cubrir entre el 20 % y el 50 % del presupuesto. Conviene informarse en el departamento de urbanismo o medio ambiente local.
Presupuestos e impagos
Si la comunidad carece de fondos, se puede negociar un plan de pagos con la empresa ejecutora. Asimismo, el presidente de la comunidad debe instar a los propietarios morosos a contribuir, pues la actuación es obligatoria y repercute en la seguridad de todos.
Buenas prácticas y recomendaciones finales
- No esperar a que la situación empeore: cuanto antes se actúe, más sencillas y baratas son las soluciones.
- Mantener la transparencia: compartir el informe, los presupuestos y el plan de obras en juntas de propietarios.
- Elegir siempre empresas acreditadas y pedir varios presupuestos.
- Documentar cada fase: informes, actas de junta, contratos y justificantes de pago.
- Informar a los vecinos de las precauciones durante las obras y del cronograma de trabajos.
Conclusión
Enfrentar una ITE comunitaria desfavorable por amianto es un reto que combina aspectos técnicos, legales y sociales. Sin embargo, con un diagnóstico preciso, un plan de actuación bien diseñado y la ayuda de profesionales autorizados, es posible eliminar el riesgo de forma segura y eficiente. Además, las subvenciones públicas y la correcta organización interna de la comunidad pueden aliviar la carga económica. No pospongas esta decisión: proteger la salud de los vecinos y evitar sanciones es la mejor inversión a largo plazo. Llama hoy mismo a una empresa acreditada para comenzar el proceso y garantiza un entorno libre de amianto en tu edificio.
